25/11/2021 Página 12 - Nota - Sup. Universidad - Pag. 2

OPINIÓN
Internet y el derecho al olvido
Lisandro M. Brega

El gran avance de la difusión que nos brinda Internet a nivel mundial, el aumento expo- nencial del almacenamiento de datos, la capacidad de desarrollo de los motores de búsqueda y la posibilidad de encontrar cualquier dato con gran facilidad generan que todo lo publicado en la red adquiera la característica de perdurabilidad en el tiempo. Esto significa que todo dato o información que hayamos creado y compartido se encuentra alojado por tiempo indeterminado disponible para quien quisiera acceder al mismo.
Ante esto, el derecho al olvido nos da la alternativa de desvincular de los motores de búsqueda nuestro nombre en relación a noticias que se pretenden suprimir.
Noticias que no importan si son verdaderas, siempre que la información objeto de tratamiento haya perdido actualidad, resulte irrelevante, sin ningún tipo de importancia informativa o periodística, y se encuentre privada de interés público, histórico o científico. Más aún, si se demuestra que la información recolectada y brindada por el motor de búsqueda resulta inexacta. Es decir, sería la facultad que tenemos de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda la eliminación o bloqueo de un dato personal si consideramos que afecta alguno de nuestros derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales a los que hacemos referencia y que se encuentran en conflicto son la libertad de expresión e información y, dependiendo de la naturaleza de los contenidos o de la información difundida, el derecho a la intimidad o el derecho al buen nombre y honor.
En ese camino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes sobre la materia (“Rodríguez, María B.”, Fallos: 337:1174, y “Gimbutas, Carolina V.”, Fallos: 340:1236), ha destacado el lugar de impor- tancia que tiene la libertad de expresión en el marco de nuestras libertades constitucionales, precisando que “la libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet”. Libertad de expresión entendida como la libertad de emitir opinión y el derecho de dar o recibir informaciones o ideas, sin censura previa o sin injerencia de autoridades. Esta libertad es una de las garantías fundamentales de las sociedades democrá- ticas y cualquier persona puede reivindicar que se le respete el ejercicio de esta garantía. El derecho a la libertad de expresión en la web cuenta con la protección de la Constitución Nacional en sus arts. 14, 32 y 75, inc. 22 (art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y de la ley 26.032, que dispone que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet se encuentra comprendi- da dentro de la referida garantía constitucional.
Claro está que el derecho a la libertad de expresión trae aparejado una responsabilidad ulterior de quienes brindan la información, expresión o idea. En estos casos se requiere que los tribunales judiciales sean particularmente cuidadosos de no afectar el derecho a la libre expresión que se difunde de manera masiva por los intermediarios de Internet y es recibida por la población.
En conclusión, planteamos que Internet se debate entrela autodeterminación informativa y el libre acceso a la información. Mientras el derecho al olvido es privacidad, imagen y libre desarrollo de la personalidad, Internet es democracia, participación y divulgación. La máxima expresión del derecho al olvido –sacar contenidos– puede llevarnos a una distorsión de la realidad. A su vez, pretende constituirse como la facultad de elegir qué queremos que se recuerde de nosotros en la web evitando que ciertos contenidos o términos continúen vinculados a nuestro nombre o, por lo menos, en que dichos resultados dañinos no sean visibles para los usuarios en general. Así planteado, el derecho al olvido no solo no olvida, sino que además se limita a ocultar información “no pertinente” durante un período de tiempo que será más o menos extenso de acuerdo con el interés del público en general.

*Profesor de Derecho de las Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).





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